¿QUÉ ES ACCESO AL IDIOMA?
El acceso al idioma son los servicios necesarios para garantizar que los LEP tengan el mismo acceso a información y actividades vitales. Cuándo y cómo se prestan estos servicios es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. La Oficina del Censo de EE. UU. Clasifica a las personas que hablan un idioma diferente al inglés, como su idioma principal en el hogar, o que hablan inglés menos que muy bien como con dominio limitado del inglés o LEP.
Los LEP son una clase protegida por las leyes estatales y federales. Las leyes estatales y federales estipulan que la falta de acceso al idioma representa una discriminación basada en el "origen nacional". La prestación de servicios de apoyo lingüístico es, por tanto, un derecho civil.
Los administradores de los niveles de gobierno local, estatal y federal están encargados de brindar servicios de apoyo lingüístico a los LEP en su jurisdicción. Debido a que los LEP tienen los mismos derechos que los que solo hablan inglés para acceder a servicios públicos e información vital, la provisión de servicios de acceso al idioma no es opcional.
El mandato legal varía de un condado a otro, de un estado a otro y de un sector a otro. La falta de coordinación en la prestación de servicios de acceso lingüístico da como resultado la duplicación de esfuerzos, el aumento de los costos y pautas poco claras o poco claras que no se pueden hacer cumplir. Demasiadas leyes que no se comunican entre sí para regular el acceso al idioma crean imprevisibilidad en la calidad y el nivel del servicio. La falta de coordinación de los servicios afecta negativamente a los destinatarios de los servicios.
¿QUÉ ES ACCESO AL IDIOMA?
El acceso al idioma son los servicios necesarios para garantizar que los LEP tengan el mismo acceso a información y actividades vitales. Cuándo y cómo se prestan estos servicios es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. La Oficina del Censo de EE. UU. Clasifica a las personas que hablan un idioma diferente al inglés, como su idioma principal en el hogar, o que hablan inglés menos que muy bien como con dominio limitado del inglés o LEP.
Los LEP son una clase protegida por las leyes estatales y federales. Las leyes estatales y federales estipulan que la falta de acceso al idioma representa una discriminación basada en el "origen nacional". La prestación de servicios de apoyo lingüístico es, por tanto, un derecho civil.
Los administradores de los niveles de gobierno local, estatal y federal están encargados de brindar servicios de apoyo lingüístico a los LEP en su jurisdicción. Debido a que los LEP tienen los mismos derechos que los que solo hablan inglés para acceder a servicios públicos e información vital, la provisión de servicios de acceso al idioma no es opcional.
El mandato legal varía de un condado a otro, de un estado a otro y de un sector a otro. La falta de coordinación en la prestación de servicios de acceso lingüístico da como resultado la duplicación de esfuerzos, el aumento de los costos y pautas poco claras o poco claras que no se pueden hacer cumplir. Demasiadas leyes que no se comunican entre sí para regular el acceso al idioma crean imprevisibilidad en la calidad y el nivel del servicio. La falta de coordinación de los servicios afecta negativamente a los destinatarios de los servicios.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ACCESO AL IDIOMA?
En 2021, casi 26 millones de estadounidenses necesitan acceso al idioma
California alberga la mayor proporción de LEP del país. El estado alberga aproximadamente 7 millones de LEP, lo que equivale al 19 por ciento de la población de California. La cifra nacional es aún mayor con 25,6 millones, lo que equivale al 8,4 por ciento de la población total de Estados Unidos. Para ayudar a poner estos números en perspectiva, los LEP de California representan una parte del 28 por ciento de la población LEP nacional general, según las estimaciones más recientes del Censo de 2019. Un error común es que todos los LEP son inmigrantes. De hecho, alrededor del 27 por ciento de los californianos son nacidos en el extranjero. Además, California disfruta del más alto nivel de diversidad lingüística. En 2015, la Oficina del Censo informó que se hablan al menos 350 idiomas en los EE. UU. Y que se hablan 185 idiomas diferentes en el condado de Los Ángeles.
EL ESTADO DEL ACCESO AL IDIOMA
Seis desafíos generales del acceso al idioma que exigen consideración en todas las industrias
Fondos
La financiación sigue siendo un problema fundamental que afecta a los servicios de accesibilidad lingüística
La mayoría de las fuentes revisadas para este documento y la entrevista de investigación apuntan a la financiación como un tema central que afecta la prestación de servicios de accesibilidad lingüística. Cuando se les pide a las agencias que hagan más con la misma cantidad de dinero, es comprensible que sea un desafío. Por ejemplo, el gobierno local y las agencias estatales tienen que contratar personal bilingüe adicional, personal de capacitación, contratar intérpretes y traductores, pagar a los medios étnicos e invertir en nuevo software y tecnología. Es costoso desarrollar y supervisar una operación para la que hay pocos precedentes.
Legislación
Las leyes varían en alcance e impacto, dejando desprotegidas áreas clave.
Existe una necesidad apremiante no solo de implementar y hacer cumplir los estatutos actuales, sino que también es imperativo promulgar una nueva legislación. Los programas encargados del acceso al idioma, en algunos casos, carecen de personal, fondos insuficientes y experimentan una alta rotación.
La accesibilidad lingüística se pierde habitualmente en un mar de prioridades en competencia. Por ejemplo, ha habido varios intentos fallidos de enmendar la Ley de Servicios Bilingües Dymally-Alatorre desde 1973. Los legisladores de California han presentado proyectos de ley de acceso al idioma de manera continua durante las últimas décadas con poco o ningún éxito. Sin embargo, cada vez que se introduce un nuevo proyecto de ley, no difiere significativamente de las iteraciones anteriores. Las limitaciones adicionales para los legisladores de California son los mandatos federales y el hecho de que las leyes de acceso al idioma varían de un estado a otro.
La falta de leyes universalmente aceptadas da como resultado un mosaico de obligaciones legales que varían de un estado a otro, de un idioma a otro, de una condición a otra y de una institución a otra. Las leyes varían en alcance e impacto, dejando desprotegidas áreas clave. Los diferentes niveles de requisitos dependen de si una agencia tiene fondos estatales o federales, o ambos. En algunos casos, las agencias pueden recibir diversas fuentes de financiación. En consecuencia, existen disparidades entre instituciones y variabilidad en los servicios. California tiene diferentes leyes para las agencias estatales. Puede haber leyes de acceso al idioma más específicas para las elecciones y los programas gubernamentales (es decir, Medi-Cal, Medicaid, asistencia social, etc.) que requieren contacto público.
Raza y etnia
Existe un estigma asociado a no hablar inglés
Las poblaciones lingüísticamente aisladas experimentan resultados sanitarios y económicos adversos dispares debido a su incapacidad para acceder y utilizar libre y equitativamente los servicios públicos que están disponibles para el público en general. Sin acceso al idioma, un gran segmento de la población no puede disfrutar de las mismas protecciones de derechos civiles que se brindan a todos los demás ciudadanos. Las barreras del idioma exacerban el acceso de los LEP a información vital. En 2021, una investigación publicada por una Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) subrayó los diversos factores sociales y demográficos relacionados con tasas más altas de incidencia (21,7% más) y mortalidad (16,9% más) de COVID-19. Estos factores incluyen dominio limitado del inglés, raza y discapacidad.
Hablar inglés menos que muy bien es un estado que se cruza con múltiples barreras como los determinantes culturales, económicos y sociales de la salud. También existe un estigma asociado a ser un hablante monolingüe que no habla inglés. A menudo, tener acento o no hablar el idioma puede provocar discriminación o discriminación racial. Los LEP no conocen su derecho a un intérprete en muchos casos. Los LEP también pueden experimentar otras barreras, como las bajas tasas de alfabetización, que exacerban la barrera del idioma. En 2019, el Proyecto de Investigación del Censo de San Joaquín encontró que el 65% de los latinos en el Valle de San Joaquín tienen educación primaria o secundaria en su idioma nativo.
La raza y la etnia son una categoría de desafío porque tratar a todos por igual y no proporcionar acceso al idioma constituye políticas / prácticas facialmente neutrales. Las políticas o prácticas facialmente neutrales son aquellas que tratan de la misma manera a los hablantes de inglés solamente y a los LEP, pero afectan negativamente a los LEP. Estas prácticas dan como resultado un impacto desigual o discriminación para la clase protegida con LEP sobre la base de su "origen nacional". El daño desigual es un término que se usa para la discriminación que no es intencional. Las barreras del idioma dan como resultado la exclusión de los programas públicos, retrasos o negaciones en los servicios e información inexacta o incompleta. Esta brecha en el acceso tiene consecuencias en la vida real para todos los involucrados, incluidos los no LEP.
Certificación universal
No existe una certificación universalmente aceptada
Otro obstáculo importante para el acceso lingüístico cohesivo y coordinado es la falta de un estándar universalmente aceptado para medir las calificaciones y habilidades de los intérpretes. No hay acuerdo sobre cuánta capacitación es apropiada y no existen puntos de referencia universalmente aceptados para juzgar la competencia de los intérpretes en California o en todo el país. Transmitir significado de un idioma a otro requiere un dominio inusual del idioma. El personal bilingüe es llamado de manera rutinaria para realizar trabajos de traducción o interpretación sin pago adicional, particularmente aquellos que con frecuencia se involucran en contacto público, como el personal de la oficina principal.
La certificación es un mecanismo para asegurar la calidad de la interpretación. Una certificación estándar puede garantizar que la comunicación significativa se lleve a cabo según lo previsto por la ley. No existe una certificación universalmente aceptada a nivel estatal o federal. Los traductores, aquellos que realizan trabajos escritos, pueden obtener la certificación a través de la Asociación Estadounidense de Traductores (ATA). Las certificaciones de intérprete están disponibles para los tribunales estatales y federales. Los intérpretes médicos pueden obtener la certificación a través de la Junta Nacional de Certificación de Intérpretes Médicos (NBCMI) o la Comisión de Certificación de Intérpretes de Atención Médica (CCHI). Sin embargo, las agencias deben evitar los exámenes de certificación que son demasiado estrictos y tienen una expectativa demasiado alta porque pueden reducir aún más el grupo de profesionales calificados.
Medición y evaluación de programas
No existe un método sistemático para medir el éxito.
En California, no existe una forma sistemática de realizar un seguimiento de los encuentros y resultados de "contacto público". No existe un sistema de seguimiento para cuantificar el retorno de la inversión cuando se trata de dólares gastados en acceso a idiomas en el estado. El contacto público es la base principal para activar los servicios de acceso lingüístico. Muchos desafíos con este proceso se derivan de los estatutos que no brindan una guía clara. No es sostenible gastar el dinero de los contribuyentes en el acceso al idioma sin la capacidad de evaluar y medir el éxito y la eficiencia. Una forma de abordar esto sería incluir el acceso a idiomas como una asignación presupuestaria separada. Considere la posibilidad de crear una política de acceso al idioma que describa claramente el marco, las estrategias, las responsabilidades, los recursos y las expectativas.
Rendición de cuentas y presentación de informes
Un área que necesita inversión y más investigación
En California, no existe un organismo encargado de hacer cumplir la ley para los servicios de acceso lingüístico fallidos o deficientes. El Estado no tiene forma de verificar si las agencias están omitiendo información. Según la Ley Dymally-Alatorre, las agencias están obligadas a informar sobre los documentos que distribuyen. Con la transición a la era digital, las agencias cargan documentos en la web; por lo tanto, se reportan pequeñas cantidades de documentos y no existe una forma confiable de saber si están omitiendo algo. Ha habido numerosos intentos de enmendar la ley en California. Los servicios de traducción solo se activan en función del número de contactos públicos.
“Si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, se le sube a la cabeza.
Si le hablas en su idioma, eso llega a su corazón "
Nelson Mandela
Contacto Acceso al idioma
Esta página es un proyecto de voluntariado de Clarissa Laguardia. Intentaré comunicarme con usted lo antes posible.
Sacramento, California